Desde 2011, el Ministerio de Educación de la Nación impulsa la Política Nacional para la Ampliación de la Jornada Escolar en el Nivel Primario, que se propone haber alcanzado más de 5.000 escuelas en 2016. Pero esta política no comienza de cero: antes del impulso nacional, diversas provincias ya habían desarrollado modelos propios de jornada completa o extendida. El federalismo argentino ofrece un interesantísimo laboratorio para analizar los modelos y efectos de las distintas opciones de implementación, que desde CIPPEC quisimos explorar.

Durante varios meses, visitamos escuelas de cinco provincias argentinas que ya

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Fue reglamentada anteayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley Nº 2681, sancionada en 2008, que limita el derecho de admisión de las escuelas privadas. Esta controvertida norma fue originada en 2004 por la Defensoría del Pueblo de esta ciudad a raíz de la gran cantidad de denuncias de padres que el organismo recibía por ejercicio arbitrario del derecho de admisión de las escuelas privadas.

La norma no anula este derecho, sino que insta a las escuelas a justificar los rechazos de inscripción y reinscripción de alumnos (artículo 1) y explicita que dichas justificaciones no pueden contradecir

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Una polémica reciente se suscitó entre Augusto Trombetta, director de Investigación y Estadística del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y Eduardo López, Secretario General de UTE-CTERA. Con una elogiable presencia de información estadística, ambas notas compararon los esfuerzos de financiamiento educativo de la ciudad (CABA) y de la provincia de Buenos Aires (PBA). Para ampliar el debate, desde el proyecto de monitoreo del financiamiento educativo que CIPPEC realiza hace 5 años proponemos cuatro consideraciones.

Para entender la situación educativa se deben comparar los presupuestos de

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Recomendamos la lectura del reciente informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), titulado "Subsidios estatales a establecimiento de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires".

El informe destaca la falta de transparencia en los criterios para otorgar los aportes estatales a las escuelas privadas y las asombrosas desigualdades en la distribución actual. Por ejemplo, el informe cita casos concretos de escuelas que tienen el 80% de los salarios docentes subsidiados por el Estado y cobran cuotas mensuales a las familias de $630 (en agosto 2009) o escuelas que reciben el 50% de aportes estatales y cobran cuotas de más de $1.600

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