Poco se discute entre los educadores acerca de las políticas fiscales. Sin embargo, se trata de una dimensión central para entender las desigualdades educativas. Entre los docentes y pedagogos hay frecuentes y excelentes lecturas sociológicas de las desigualdades educativas, pero poco, muy poco sobre las causas fiscales, es decir la forma en que el Estado cobra impuestos y reparte sus recursos.

Sobre este eje gira el nuevo documento de trabajo de CIPPEC, titulado "¿Cómo distribuir la educación? Los efectos distributivos de las metas educativas, el gasto público y los impuestos en la Argentina".

Este estudio es una síntesis de las formas en que el Estado cobra los impuestos y reparte el gasto público en la Argentina según sectores sociales. América Latina es el continente más desigual de la tierra y una de las causas es que sus sistemas impositivos son en muchos casos regresivos: se cobra más impuestos a los que menos tienen (en proporción a sus ingresos).

En la Argentina este era el caso hasta la llegada de las retenciones en 2002, que recaudan más de quienes más tienen. 

El documento muestra la importancia del Impuesto a las Ganancias, el más progresivo por su naturaleza: sólo lo pagan aquellos que pertenecen al 15% más rico de la población. En cambio el IVA impacta más a mayor pobreza, es decir que es un impuesto regresivo.

Luego el documento analiza el gasto público, comparando sus efectos distributivos. Allí se centra en un estudio detallado de distintas metas educativas que parecen ser desafíos fundamentales para los próximos años: la escolarización en nivel inicial y secundario, la extensión de la jornada escolar, la cobertura en jardines maternales,  la reforma de la educación secundaria, la compra de computadoras para los alumnos de primaria y la mejora de la formación y de la capacitación docente. 

El documento estima el costo de estas metas para el período 2011-2016 (las cifras están levemente desactualizadas, ya que el cálculo se realizó en 2011). 

En base a esta estimación se analizó quiénes serían los beneficiarios de cada una de estas políticas. Como resultado, el estudio sintetiza qué políticas serían más justas en términos distributivos, es decir que beneficiarían más a los sectores de menos ingresos. 

En el estudio se destaca que la política más progresiva sería la extensión de la jornada escolar para el 30% más pobre de la población en el nivel primario. En segundo lugar, la inversión en salas maternales para los chicos de 0 a 3 años excluidos de esa oferta actualmente. 

Como consecuencia del análisis de los efectos distributivos de los impuestos y de los gastos públicos, el trabajo concluye con una propuesta bien concreta. Si en 2012 no se termina aumentando el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, como efecto de la inflación se recaudarían más recursos de parte del sector más rico de la sociedad. Esos recursos alcanzan exactamente para crear una política de extensión de dos horas más de clase construyendo escuelas nuevas y financiando los cargos docentes para el 30% de los alumnos del nivel primario.

Si esto se sostiene en el tiempo durante 4 años, se cumpliría esa meta en 2016 y se lograría uno de los mayores efectos redistributivos que la política pública puede lograr: con más impuestos de los sectores más ricos se financiaría la ampliación de oportunidades desde la más temprana edad a los niños y niñas de sectores desfavorecidos a través de la extensión de la jornada escolar. 

Para ello es necesario contar con información comparada precisa, consensos y voluntad política de crear un verdadero programa donde los nuevos recursos del Impuesto a las Ganancias vayan directamente a una política de extensión de la jornada escolar. Este documento cumple con aportar al primer requisito: la información para la toma de conciencia acerca de cómo revertir concretamente las desigualdades sociales y educativas.