Una de las causas de las extremas desigualdades en América Latina son los impuestos. En la región se cobran poco, y se cobran más a los que menos tienen. En la Argentina, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) –que pagan todos por igual– es altísimo: 21 por ciento. Ganancias, en cambio, es el impuesto más progresivo. Es el que más pagan los más ricos. Sólo abona Ganancias el 15 por ciento más rico de la población. Si usted lo hace, está en ese estrato de la distribución de la riqueza. Duele saberlo, porque es saber que hay mucha pobreza en nuestro país.

No sólo paga Ganancias el 15 por ciento más rico, sino que se paga más a mayores ingresos. Un ejecutivo sin hijos que gana unos 90 mil pesos por mes paga unos 27 mil pesos mensuales de Ganancias. Un trabajador soltero sin hijos que gana 10 mil pesos paga unos 260 pesos de Ganancias por mes. Quienes más pagan son el 1 por ciento más rico de la Argentina. A ellos se está defendiendo –más que a nadie– cuando se pide derogar el Impuesto a las Ganancias.

Típico caso de influencias poderosas. Si todos los principales comunicadores sociales pagan Ganancias, ¿hasta qué punto su opinión contraria a este impuesto no es un simple reflejo de intereses individuales?

Muchos dicen que los trabajadores no deben pagar Ganancias. Es un problema semántico. En muchos países más justos existe el impuesto al ingreso o al salario, que es lo mismo, y es mucho más alto que en la Argentina. Es lo que hace a una sociedad más justa, sin extremos de ingresos. Todos contribuyen a que el de al lado no esté tan lejos.

La contracara: el argumento de que el Estado malgasta esos recursos o le da destinos oscuros. Si eso ocurre es con una proporción menor. La mayoría del gasto estatal es fijo y se destina a la salud, la Justicia, la seguridad y la educación. No serán servicios gloriosos de Primer Mundo, pero sostienen la vida y dan más a los que menos tienen, aunque se podría ser todavía mucho más progresivo en el gasto público.

La educación es la gran paradoja. Los sindicatos docentes piden derogar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Sí, beneficia a los docentes que más ganan y lo pagan, pero mucho más a los altos ejecutivos que también están en relación de dependencia. Si todos ellos dejan de pagar, pierde la educación, que depende de los impuestos para financiarse.

El otro argumento: se aumenta Ganancias por inflación, no por vía legítima en el Congreso. El punto es cierto, y debería trasladarse a un debate impositivo en el Congreso. La misión: un sistema más justo y progresivo. Entonces debería aumentar más el Impuesto a las Ganancias, hacerse más progresivo, cobrarse también a jueces y a la renta financiera, perseguir a evasores y bajar el IVA de la canasta básica.

Si de esto resultara una mayor recaudación impositiva, podríamos ir más allá y crear fondos específicos de gran impacto social de largo plazo. Un programa de extensión de la jornada escolar en el nivel primario para el 30 por ciento más pobre de la población sería quizá la mayor política redistributiva que pueda imaginarse: da más oportunidades educativas a muy temprana edad con recursos impositivos de los más ricos, y revierte estructuralmente las condiciones de la pobreza.

Cippec calculó la siguiente osada propuesta. El costo de aumentar un 20 por ciento el mínimo no imponible de Ganancias en 2011 fue de unos 3500 millones de pesos menos de ingresos para el Estado. Exactamente lo mismo que cuesta dar dos horas más de clases por día al 30 por ciento de los alumnos más pobres de todo el país. Eliminando la exención a la renta financiera podríamos hacer mucho más.

Si el Congreso discutiera esto, atacaríamos la estructura más profunda de las desigualdades en la Argentina. Para eso es necesario afrontar el dolor de las clases medias-altas que pagan Ganancias. Del otro lado están los millones que contemplan el espectáculo, sin saber que los destina a la reproducción de la injusticia en sus vidas y en las de sus hijos.

*Nota escrita por Axel Rivas, investigador principal del Programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), publicada el día 8 de julio de 2012 en el diario Página/12.