La semana pasada se publicó el Informe General de Resultados del Observatorio de la Educación Básica Argentina, elaborado en conjunto por el Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), la Universidad de Buenos Aires y el Banco Santander Río. En cambio, el Ministerio de Educación de la Nación negó su participación en el informe, que aparece consignada como de "apoyo técnico". El informe se basa en una encuesta a directores, docentes y preceptores de escuelas de todo el país.

El estudio tiene grandes logros. Intenta visibilizar problemas estructurales del sistema educativo, busca transparentar la información sobre temáticas que no tienen datos oficiales (como el ausentismo de docentes y alumnos) y promueve preguntas interesantes para el planeamiento educativo. 

En su faz más polémica, el estudio no casualmente ha llamado a los titulares de los medios masivos de comunicación abriendo un nuevo capítulo del debate sobre la situación educativa. 

Quizás la falta de un uso más activo por parte del Ministerio de Educación de la Nación de la importante cantidad de información que produce contribuya al impacto de este informe.

Quizás el propio diseño del estudio y su forma de presentación también estén especialmente definidos hacia la rápida difusión por vía de los medios masivos.

Pero justamente en este proceso se encuentran ciertos sesgos tanto en el informe como en su difusión. 

En primer lugar, no parece condecirse el amplio e integral objetivo de diagnosticar la educación básica argentina con la escasa y arbitraria cantidad de temáticas presentadas en el informe de forma muy escueta. Apenas se presentan los datos y muy breves interpretaciones sobre los mismos. Pese a tratarse de un inmenso emprendimiento, dado el tamaño de la muestra de escuelas, el reporte parece más un comunicado de prensa que un informe de investigación completo.

En cuanto a la difusión en los medios masivos, los recortes parecen parciales, centrados en el ausentismo de los docentes, el escaso uso de las computadoras en las escuelas y el bajo impacto de la Asignación Universal por Hijo (que no aparece en el informe analizado pero sí en la presentación pública del Observatorio y que fue criticado duramente por el oficialismo.

Resulta muy llamativo que dos aspectos muy positivos del estudio no hayan sido casi relevados por los medios que cubrieron la noticia. El principal de ellos es que en el nivel primario el 62% de los encuestados indicó que los aprendizajes de los alumnos mejoraron y apenas un 6% indicó que empeoraron. Esto, que sería indudablemente un eje clave del diagnóstico educativo, parece algo menor en el informe y mucho más en la difusión en los medios. 

En esta misma línea, los encuestados indican que bajó el ausentismo de los alumnos y docentes (salvo en secundaria) y que mejoró el trato hacia los adultos. 

Son datos notables que han tenido escasa repercusión -si bien parten de preguntas sesgadas, dado que no se sabe cuál es el horizonte temporal de comparación y tienen todos los vicios de una pregunta de opinión en una encuesta que afecta la imagen del encuestado.

Estas breves reflexiones invitan a la lectura completa del informe y a un uso más activo, transparente e integral de la información educativa, tanto para el diagnóstico y monitoreo ciudadano de la educación como para el planeamiento educativo.