Desde 2006, cada comienzo de año se realiza la Paritaria Nacional Docente. Allí, el Gobierno y los cinco gremios de representación nacional buscan llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo de bolsillo de un docente que inicia su carrera, que es la base de la pirámide salarial docente. El monto acordado fija el piso para las negociaciones salariales en las provincias. Aun en este marco, el 2013 vuelve a encontrarnos con un alto nivel de conflictividad al inicio de las clases.

El resultado del acuerdo sobre salarios docentes tiene un importante impacto en las finanzas provinciales: 30% de sus presupuestos se destinan a la educación y más del 90% de esa inversión se destina a pagar salarios. Por otro lado, el incremento acordado en cada provincia suele tomarse como referencia para el resto de los empleados del sector público. En años de menor crecimiento y desbalances fiscales como 2012, aun si hay pruebas de un compromiso con la educación, en muchos casos predomina la reticencia a comprometer las cuentas provinciales.

Una dificultad adicional de la discusión salarial es la falta de indicadores confiables de inflación. El dato certero permitiría establecer cuál es el aumento necesario para mantener el poder adquisitivo del salario y también determinar el umbral a partir del cual se estarían mejorando las condiciones de vida de los docentes.

En este complejo escenario, resulta útil poner las cosas en perspectiva, revisar la evolución reciente en materia de inversión educativa y salarios docentes, destacar las cuestiones sobre las que pareciera haber consenso y diferenciar la gran diversidad de situaciones provinciales.

Los salarios docentes mejoraron sustancialmente en los últimos años. Tras casi tres décadas depreciación sistemática, con la crisis de 2001 tocaron un piso histórico que atentaba contra la dignidad de la profesión. Desde 2003, comenzaron a transitar un rumbo ascendente que se reforzó con el aumento de la inversión que propició la Ley de Financiamiento Educativo. De hecho, la recuperación salarial fue una de las políticas privilegiadas en ese período. Así, a fines de 2012 los salarios docentes resultan 50% superiores en términos reales a los de mediados de los 90 (utilizando indicadores de inflación alternativos a los del Indec, del Cenda para el período 2007-2010 y de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Santa Fe para los años subsiguientes).

Este aumento es un gran avance, no sólo porque reivindica la dignidad del trabajo docente, sino también porque es una condición necesaria para mejorar la calidad educativa: está demostrado por diversos estudios de educación comparada que los sistemas educativos con docentes bien pagos tienen mejores resultados. En este sentido, en un contexto inflacionario es vital conservar los logros alcanzados en los últimos años en materia de mejora salarial y mantener su valor real.

Pero la situación salarial de los docentes es muy dispar entre las provincias, y esto se relaciona con desigualdades en las condiciones fiscales de los gobiernos y en la prioridad financiera que se le da a la educación.

La desigualdad fiscal proviene de la dispar capacidad de recaudación de las provincias y de una muy desigual distribución de los recursos de coparticipación. Así, se encuentran situaciones tan dispares como la de Tierra del Fuego, que en 2010 contaba con recursos fiscales equivalentes a $22.000 por habitante, mientras que la provincia de Buenos Aires alcanzaba apenas $4.300, es decir, menos de una quinta parte. También es muy desigual el esfuerzo presupuestario que las provincias realizan por la educación: conviven situaciones como las de la provincia de Buenos Aires, Jujuy y Santa Fe que destinan más del 30% de su presupuesto a educación, con San Luis y Santa Cruz que destinan menos del 20%.

Estas disparidades se traducen en una fuerte desigualdad en la inversión educativa y en su principal componente que son los salarios docentes. De este modo, mientras Tierra del Fuego y Santa Cruz pagaban más de $6.000 a un docente de primaria por una jornada simple con 10 años de antigüedad a fines del 2012, en Catamarca, Formosa y Santiago del Estero se pagaban cerca de $3.500 (corresponde al salario bruto en diciembre de 2012,  Ministerio de Educación).

También es preciso hacer una diferenciación en la prioridad que las provincias le han dado al aumento salarial docente en los últimos años, dado que existe un gran contraste entre las jurisdicciones. Así, desde 2005 el salario real del promedio de las provincias aumentó un 23%, pero mientras que en Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Chaco y La Rioja se incrementó en más del 50%, en Catamarca, Chubut y Tierra del Fuego disminuyó.

En este contexto, dominado por las desigualdades provinciales en la inversión educativa y con puntos de partida tan diversos en materia salarial, los conflictos tienen un significado muy diferente en cada una de las provincias.

Para profundizar en el problema de las desigualdades en el financiamiento educativo sugerimos leer el último Informe de Monitoreo y un video en donde CIPPEC plantea algunas propuestas.

*Nota escrita por Pablo Bezem, publicada el día 4 de marzo en el diario Infobae