En el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación 2012, la Campaña Mundial por la Educación publicó un nuevo informe sobre los logros y desafíos pendientes de los Objetivos de Educación para Todos, acordados por 164 gobiernos en Foro Mundial de Educación Dakar 2000: “Derechos desde el principio: atención y educación en la primera infancia”.

La atención y educación de la primera infancia constituye el primero de estos objetivos, y es reconocida como un derecho humano por numerosas declaraciones internacionales. A pesar de esto, el informe revela que son pocos los gobiernos que cuentan con marcos políticos y legales respaldados por financiamiento sólido para la atención de los niños de ocho años o menos, que representan más del 10% de la población mundial. La prevalencia de una visión reduccionista que “anula a los sujetos centrales (los niños y las niñas) e impide su participación activa al considerarlos en su futuro pero no en su presente” es la que alimenta, según el informe, las grandes desigualdades estructurales que afectan a esta parte de la población.

Ante este diagnóstico, el informe insta a los gobiernos a comprometerse al desarrollo de políticas de atención y educación de la primera infancia para todos los niños sin discriminación; a garantizar la formación de los docentes para que puedan integrar las necesidades educativas, de desarrollo y de salud de los niños; a un aumento de la inversión en servicios de primera infancia que alcance al menos un 1% del PBI y a la adopción de un enfoque holístico en la implementación de políticas que, coordinadas por los ministerios de educación, permitan incluir la acción de distintos ministerios y organismos cuyas esferas de acción se relacionan estrechamente con el universo de la primera infancia.

En el caso de la Argentina, la Ley Nacional de Educación N° 26.206 reconoce la universalidad del derecho a la educación y reafirma, en su artículo 22, la necesidad de implementar estrategias de desarrollo de la primera infancia a partir de la articulación de las áreas gubernamentales de desarrollo social, salud y educación. Sin embargo, las estadísticas muestran que mientras que el 73.9% del quintil más rico de la población de tres y cuatro años va a la escuela, sólo el 53.7% más pobre lo hace; y que sólo el 9.6% de la población rural de niños y niñas de entre tres y cinco años está escolarizado. A su vez, la tasa de mortalidad neonatal en algunas provincias del norte del país es hasta tres veces más alta que en otras¹. Estas cifras configuran un panorama profundamente desigual que interpela a la política social y educativa sobre primera infancia en la Argentina.

¹ Fuente: UNICEF