miércoles 15 de junio de 2011
LA INFANCIA SILENCIADA

En un sistema democrático, paralelamente a las instituciones formales de representación política y a las organizaciones relacionadas al mundo del trabajo, existe una creciente gama de actores sociales emergentes como los desempleados, los “sin techo”, los “sin” tierra, las comunidades originarias, las mujeres, las personas con capacidades diferentes, etc. cada uno de los cuales han adoptado diversas formas organizativas e instrumentos de acción para defender sus derechos.
El surgimiento de derechos particulares ha producido una sociedad de “fragmentos” y como situación correlativa, una verdadera “inflación” de derechos en donde cada grupo presenta sus reclamos como “los” puntos prioritarios en la agenda de preocupaciones pública. En un escenario como el planteado, la intransigencia se hace un método y las luchas se horizontalizan en una pugna de derechos contra derechos en donde, la legitimidad jurídica se torna paralítica para resolver una conflictividad creciente. Y “ausente” la ley, sólo queda la fuerza y el poder descarnado que la representa.
A diferencia de estos actores sociales, la infancia y la adolescencia son sujetos “frágiles” puesto que tienen una limitación constitutiva para defenderse y es que no pueden auto representarse. Así en la mesa de negociaciones niños, niñas y adolescentes no tienen un sindicato que defienda sus derechos. La infancia no “ocupa” ningún área socialmente estratégica para hacer una huelga ni puede organizar piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus postergadas necesidades. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen “poder”, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. O aún peor, en variados conflictos sociales, niños, niñas y adolescentes son tomados como verdaderos “rehenes” estratégicos desde donde se los “usa” como factor de presión en la lucha por reivindicaciones que les son ajenas. Y más sorprendente aún es la postergación de sus derechos a los que supuestamente se pretende beneficiar para “validar” una metodología de lucha que, con el argumento de un “asambleísmo” no manipulado, intenta ocultar el objetivo principal de conquistar mayor poder sindical y protagonismo político. Y por último, en toda democracia no hay derechos sin responsabilidades equivalentes por lo que la sociedad argentina todavía debe ser convencida de que, mayores salarios son directamente proporcionales por ejemplo, al mejoramiento de la calidad educativa de la escuela pública.
Aclaremos también que los derechos de la infancia son primarios: niñas, niños y adolescentes son los verdaderos “titulares” del derecho a la educación. Por tanto, los “trabajadores” de la educación cualquiera sea su nivel, tienen el derecho a percibir un salario por un servicio público que prestan que es “subsidiario” del derecho principal que debe ser resguardado que es el derecho a la educación. Y esclarezcamos también que si hay “deudas” que saldar con determinados sectores, nada podría compararse con la “deuda” que como generación tenemos con la infancia pues su tamaño, en todas sus dimensiones, es inconmensurable.
Y es por la “fragilidad” constitutiva de la infancia como actor social y por lo que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central para proteger sus derechos. Recordemos que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional establece que la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. Dicha Convención establece en su artículo 3 inciso 1 que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
En consecuencia, el tema de la infancia es una cuestión crucial de respeto a derechos efectivamente consagrados y no un asunto de compasión con niños, niñas y adolescentes. Con la infancia, frecuentemente se “declaman” sus derechos, raramente se cumplen. En una situación conflictiva, es contundente que el interés de los niños/as y adolescentes es superior a todo otro interés particular. Eso significa que esos derechos deben ser bajo todo concepto efectivamente resguardados y no transformados en su inverso esto es, en “derechos usurpados” intentando identificarlos con los intereses de quienes bajo argumentaciones que hasta pudiesen ser justificadas, transforman la infancia en víctima de conflictos que le son ajenos. Aquí la injusticia se expresa en su forma más feroz enardeciéndose contra los más débiles y los que no tienen voz. Una infancia suprimida y silenciada.

Eduardo S. Bustelo Graffigna
Director
Maestría en Política y Planificación Social
Universidad Nacional de Cuyo
Lesgislador Provincial de San Juan