miércoles 8 de junio de 2011

Crítica situación en Santa Cruz

La situación educativa en Santa Cruz vive momentos críticos, luego de 45 días de paro docente, que el sindicato ADOSAC estableció como medida de tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial del 50%, entre otros reclamos. 

 

Los datos del informe de monitoreo 2011 indican que la situación del financiamiento educativo en Santa Cruz ha mostrado importantes avances en los años recientes:

 

-Santa Cruz fue la provincia que más sobre-cumplió las metas de la Ley de Financiamiento Educativo sancionada en 2005 y finalizada en 2010. Para el año 2009 debía ejecutar 516 millones de pesos en inversión educativa y el monto efectivamente ejecutado fue de 951 millones, un sobre-cumplimiento del 84,3%, mientras en promedio todas las provincias sobre-cumplieron la Ley por un 17,2%. 

 

-Santa Cruz es la segunda provincia (detrás de Tierra del Fuego) que más invierte por alumno, con 12 mil pesos por año en 2009, frente al promedio nacional de 6.100 pesos. 

 

-Santa Cruz fue la segunda provincia del país (detrás de Formosa) que más incrementó su esfuerzo presupuestario por la educación, pasando de destinar el 14% del presupuesto total a educación en 2005 al 25% en 2009. 

 

-El salario docente en Santa Cruz es el más alto del país: en junio de 2010 ascendía a $ 4.908 (salario bruto, maestro de 10 años de antiguedad en jornada simple), frente al promedio nacional de $ 2.760. Sin embargo, es importante señalar que el costo de vida en las provincias patagónicas (especialmente en Tierra del Fuego y Santa Cruz) es más alto que el promedio nacional, aunque no existen datos oficiales para poder medirlo.

 

-El incremento del salario docente en Santa Cruz fue el segundo más elevado del país entre 2005 y 2010, detrás de Chaco. En términos reales (tomando como indicador de la inflación a las provincias no intervenidas por el INDEC) el aumento fue del 57%, frente al promedio nacional del 19%. Sin embargo, el mayor incremento en este período se concentró entre los años 2005 y 2008, luego (entre 2008 y 2010) en términos reales el salario sufrió una disminución del 14%. 

 

La paralización del sistema educativo es una medida extrema que no parece corresponderse con todos los indicadores de financiamiento educativo presentados. La lejanía frente a la situación concreta y el contexto político nos limitan todo ejercicio de análisis que escape a esta serie de datos. Seguramente habrá en juego diversas disputas de poder y una radicalización del conflicto que se torna muy difícil de llevar a causes normales de diálogo. La distancia de quienes escribimos estas líneas nos impide ver todo lo que ocurre efectivamente en el territorio provincial, pero quizás sirva para darle más frialdad a las discusiones y hacer el mayor esfuerzo por llegar a un acuerdo que restablezca la continuidad de las clases, que seguramente están afectando a los sectores más vulnerables de la provincia. 

 

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EDUARDO BUSTELO

miércoles 15 de junio de 2011
LA INFANCIA SILENCIADA

En un sistema democrático, paralelamente a las instituciones formales de representación política y a las organizaciones relacionadas al mundo del trabajo, existe una creciente gama de actores sociales emergentes como los desempleados, los “sin techo”, los “sin” tierra, las comunidades originarias, las mujeres, las personas con capacidades diferentes, etc. cada uno de los cuales han adoptado diversas formas organizativas e instrumentos de acción para defender sus derechos.
El surgimiento de derechos particulares ha producido una sociedad de “fragmentos” y como situación correlativa, una verdadera “inflación” de derechos en donde cada grupo presenta sus reclamos como “los” puntos prioritarios en la agenda de preocupaciones pública. En un escenario como el planteado, la intransigencia se hace un método y las luchas se horizontalizan en una pugna de derechos contra derechos en donde, la legitimidad jurídica se torna paralítica para resolver una conflictividad creciente. Y “ausente” la ley, sólo queda la fuerza y el poder descarnado que la representa.
A diferencia de estos actores sociales, la infancia y la adolescencia son sujetos “frágiles” puesto que tienen una limitación constitutiva para defenderse y es que no pueden auto representarse. Así en la mesa de negociaciones niños, niñas y adolescentes no tienen un sindicato que defienda sus derechos. La infancia no “ocupa” ningún área socialmente estratégica para hacer una huelga ni puede organizar piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus postergadas necesidades. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen “poder”, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. O aún peor, en variados conflictos sociales, niños, niñas y adolescentes son tomados como verdaderos “rehenes” estratégicos desde donde se los “usa” como factor de presión en la lucha por reivindicaciones que les son ajenas. Y más sorprendente aún es la postergación de sus derechos a los que supuestamente se pretende beneficiar para “validar” una metodología de lucha que, con el argumento de un “asambleísmo” no manipulado, intenta ocultar el objetivo principal de conquistar mayor poder sindical y protagonismo político. Y por último, en toda democracia no hay derechos sin responsabilidades equivalentes por lo que la sociedad argentina todavía debe ser convencida de que, mayores salarios son directamente proporcionales por ejemplo, al mejoramiento de la calidad educativa de la escuela pública.
Aclaremos también que los derechos de la infancia son primarios: niñas, niños y adolescentes son los verdaderos “titulares” del derecho a la educación. Por tanto, los “trabajadores” de la educación cualquiera sea su nivel, tienen el derecho a percibir un salario por un servicio público que prestan que es “subsidiario” del derecho principal que debe ser resguardado que es el derecho a la educación. Y esclarezcamos también que si hay “deudas” que saldar con determinados sectores, nada podría compararse con la “deuda” que como generación tenemos con la infancia pues su tamaño, en todas sus dimensiones, es inconmensurable.
Y es por la “fragilidad” constitutiva de la infancia como actor social y por lo que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central para proteger sus derechos. Recordemos que el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional establece que la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. Dicha Convención establece en su artículo 3 inciso 1 que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
En consecuencia, el tema de la infancia es una cuestión crucial de respeto a derechos efectivamente consagrados y no un asunto de compasión con niños, niñas y adolescentes. Con la infancia, frecuentemente se “declaman” sus derechos, raramente se cumplen. En una situación conflictiva, es contundente que el interés de los niños/as y adolescentes es superior a todo otro interés particular. Eso significa que esos derechos deben ser bajo todo concepto efectivamente resguardados y no transformados en su inverso esto es, en “derechos usurpados” intentando identificarlos con los intereses de quienes bajo argumentaciones que hasta pudiesen ser justificadas, transforman la infancia en víctima de conflictos que le son ajenos. Aquí la injusticia se expresa en su forma más feroz enardeciéndose contra los más débiles y los que no tienen voz. Una infancia suprimida y silenciada.

Eduardo S. Bustelo Graffigna
Director
Maestría en Política y Planificación Social
Universidad Nacional de Cuyo
Lesgislador Provincial de San Juan

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