El programa de Educación de CIPPEC realizó dos estudios que analizan en qué medida el sistema educativo reduce, reproduce o amplía las desigualdades sociales a través de la oferta material de las escuelas. Se consideró la distribución de una variada cantidad de insumos según el nivel socioeconómico de los alumnos por escuela: recursos materiales y didácticos, características edilicias de las escuelas, servicios alimentarios, tiempo escolar, alumnos por docente, acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cantidad y perfil de directivos y docentes, y enseñanza de idiomas extranjeros.

Uno de los estudios –realizado gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo- se concentra en la distribución de recursos entre las escuelas públicas de ámbito urbano, a partir del análisis de los principales relevamientos educativos nacionales (Operativo Nacional de Evaluación de 2007 y Relevamiento Anual de 2009). El otro estudio se enfoca en el ámbito rural, utilizando como fuente la encuesta sobre Educación y Desarrollo Rural 2011, implementada por Red Comunidades Rurales en todo el país.

Ambas investigaciones llegan a resultados similares: la mayoría de los recursos se distribuye de manera homogénea entre las escuelas públicas, independientemente del nivel socioeconómico de los alumnos. Así, por ejemplo, la oferta de jornada extendida, la formación profesional de los directivos  o la disponibilidad de maestros recuperadores, no difieren entre escuelas que atienden a la población más vulnerable y las de mayores ingresos.

Más aún, en varias regiones y provincias, otros recursos importantes (como el acceso a Internet, los recursos materiales y didácticos, los espacios edilicios diferenciados y los docentes de computación e idiomas extranjeros) son asignados de manera regresiva, es decir que se beneficia más a los alumnos de mejor situación socioeconómica. Por el contrario, son escasas las variables, como los servicios alimentarios, que benefician más a los sectores vulnerables.

En suma, tanto en los contextos urbanos como en los contextos rurales, las escuelas públicas que  congregan a los alumnos más desfavorecidos disponen de los mismos o de menores recursos que las escuelas públicas de población más favorecida. Estos resultados van en el mismo sentido de los hallados en un estudio anterior, realizado a partir de de datos del año 2000 (véase el documento Los Estados provinciales frente a las brechas socio-educativas).

Desde el Programa de Educación venimos planteando (véase el documento Mayor justicia en la oferta educativa) la necesidad de crear un sistema de medición de la justicia distributiva que produzca información objetiva para que los ministerios de educación nacional y provinciales puedan direccionar la inversión hacia las escuelas a las que asisten los alumnos con mayores necesidades socioeconómicas.