En la sesión del miércoles 18 de marzo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que sustituye el capítulo VIII, artículos 133 a 142, de la ley 24.660 de Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la libertad- en materia de educación en establecimientos penitenciarios.

El proyecto favorece la implementación plena y efectiva de la Ley de Educación Nacional en las instituciones penitenciarias. Entre los fundamentos de la ley se destaca que en  la Argentina de un total de 50.980 internos, sólo 2594 han finalizado sus estudios secundarios y  36.801 no participa, además, de ningún programa de capacitación laboral (datos del Sistema  Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de 2007). 

A partir de este nuevo marco legal, se impulsa y se facilitan las condiciones necesarias para ampliar la oferta de la educación en las cárceles, especialmente de nivel secundario. Pese a que muchos actores han impulsado la creación de escuelas secundarias en las cárceles desde el retorno a la democracia, es necesario un mayor impulso a partir de marcos legales, políticas y recursos. En este mismo camino, se recomienda conocer más acerca del Programa Nacional de Educación en Establecimientos Penitenciarios y de Minoridad (PNEEPyM).   

Pese a la escasa difusión en los medios de comunicación masivos, la media sanción no sólo es una noticia positiva en términos de ampliación del derecho a la educación y en las concepciones democráticas de tratamiento de las problemáticas vinculadas con la seguridad, sino también un ejemplo de convivencia política en el Congreso Nacional. La norma fue encabezada por una diputada del oficialismo, Adriana Puiggrós, y un diputado de la oposición, Ricardo Gil Lavedra. En el recinto, fue acompañada por 161 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones.