Fiel a sus iniciativas polémicas de política educativa, la provincia de San Luis sancionó recientemente una Ley de Escuelas Públicas Digitales, que plantea la implementación de un sistema educativo paralelo al tradicional, para todos los niveles educativos, que puede ser gestionado por la provincia, los municipios u organizaciones sociales o privadas.

A pesar de las grandes indefiniciones respecto de la política, la organización de las escuelas públicas digitales puede resumirse en los siguientes puntos:

1. La Universidad de la Punta será el organismo encargado de seleccionar, capacitar y remunerar a los docentes, lo cual deja a estas escuelas fuera del ámbito de regulación del Estatuto provincial.

2. Se plantea una estructura curricular específica, con cinco áreas (ciencias exactas, ciencias sociales, lengua, mundo digital y arte, y deportes) y no se plantean diferencias por nivel educativo.

3. Cada escuela tendrá cinco docentes (uno para cada área) que enseñarán en cinco escuelas diferentes, un día por escuela, y un docente coordinador que además tendrá la responsabilidad de cubrir eventuales ausencias.

4. Los contenidos educativos serán organizados por módulos, que deben ser aprobados para pasar al siguiente módulo. 

La sanción de la Ley de Escuelas Públicas Digitales generó, como era de esperar, fuertes resistencias entre los docentes y los allegados al campo educativo. Fundamentalmente, se la acusa de intentar privatizar la escuela pública al habilitar al sector privado la gestión de esas escuelas, y al no considerar al Estatuto como marco regulador de la carrera profesional docente y de las condiciones laborales. Pero también se teme por la poca claridad de la política y se cuestionan las capacidades de la Universidad de la Punta como organismo responsable de gestionar el sistema