El proyecto de ley de Servicio Cívico Voluntario (SCV), aprobado por el Senado, propone la “contención” de jóvenes en riesgo (art. 2) a través del uso de dependencias de las Fuerzas Armadas, cumpliendo todos sus reglamentos internos (art. 9) para actividades educativas basadas en talleres de oficios. El SCV pretende ampliar el derecho a la educación pero genera el efecto contrario, ya que desconoce principios básicos consensuados en la comunidad de especialistas educativos y en la legislación vigente. El proyecto adolece de una visión seria de política pública y lesiona la concepción integral del derecho a la educación.

Ignora la dimensión centralmente educativa de la propuesta y la vincula con la "contención" y la "seguridad", tal es así que la iniciativa ni siquiera pasó por la Comisión de Educación del Senado. Así también ignora las iniciativas en marcha en relación con la exclusión educativa de los jóvenes, entre las cuales se destacan muchas iniciativas (becas, programas socioeducativos, actividades de organizaciones sociales), además de la reconocida revitalización de la Educación Técnica, a partir de la sanción de la Ley 26.058 y de un presupuesto acorde que en 2010 alcanzó los $ 634 millones.

El proyecto de ley desconoce los esfuerzos presupuestarios y de gestión educativa que realizan la Nación y las provincias para materializar políticas educativas estables, maduras y centradas en instituciones educativas, donde se promueve la integración y la formación no anclada únicamente en saberes instrumentales como pretende el SCV. Vale la pena recordar que está en marcha el Programa de Becas del Bicentenario, que ofrece a 30.000 alumnos de bajos recursos la posibilidad de seguir carreras científicas y técnicas. Frente a esta y muchas otras iniciativas, resulta llamativo un proyecto de ley para incorporar a apenas 500 jóvenes por año en las instituciones del Ejército para formarse en oficios.

En términos del derecho a la educación, el proyecto de SCV promueve la estigmatización y la segregación de los sujetos sociales de condición más vulnerable. El derecho a la educación implica la búsqueda de la integración de la diversidad social y cultural, la formación integral y no reduccionista, y el uso de espacios propiamente educativos para la formación. La segregación educativa, ya existente y altamente preocupante, se extiende hasta el regreso de los internados en el proyecto del SCV.

Ya ni siquiera se trata de la denostable idea de “escuelas para pobres” sino que parece asumirse que estos jóvenes no son “educables” en escuelas. Por lo tanto, directamente se propone segregarlos de la sociedad misma, en espacios cerrados y confinados a otras tareas, vinculadas con los fines militares. Como si las nociones de orden, jerarquías, obediencia y rigor militar fueran las soluciones que el sistema educativo no puede proveer o, al menos, eso se deja traslucir en el proyecto de ley acerca de los sectores populares, como si fuesen no aptos para la escuela.

El proyecto de ley de Servicio Cívico Voluntario es antes que nada una concepción sobre los sujetos populares, para quienes la educación es reemplazada por la militarización.

La batalla por el derecho integral a la educación es larga pero está avanzando. Hoy en las escuelas secundarias más del 40% de los alumnos son primera generación de estudiantes, sus padres nunca habían llegado a la secundaria. Es cierto que hay muchos desafíos en relación con el sentido y la organización de la escuela secundaria, pero están en marcha políticas y discusiones vitales para seguir el camino de la inclusión.

El proyecto de SCV las desconoce y actúa de espaldas a las conquistas logradas y pendientes en materia educativa.