Programa de dotación de libros de texto a las escuelas

Córdoba (2005-2006)

En el año 2005 el gobierno de la provincia de Córdoba puso en marcha una política propia de selección, compra y provisión de libros para las escuelas más desfavorecidas de todos los niveles del sistema. Esta iniciativa se enmarcó dentro del “Proyecto de la autonomía escolar”[1], financiado con recursos de un crédito de $9 millones acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo.

El interés de esta propuesta radicó fundamentalmente en el novedoso procedimiento que puso en marcha –inédito en América Latina para un estado provincial-, al articular la selección descentralizada de los materiales bibliográficos por parte de las escuelas con la compra centralizada a cargo del gobierno provincial.

La ejecución de la política se dividió en tres etapas: selección, compra y distribución de los materiales. La primera de ellas se inició con la elaboración por parte de las autoridades educativas provinciales de un catálogo de 5.000 libros “elegibles”, mediante una selección realizada a partir de los títulos propuestos por las editoriales[2]. Los criterios que guiaron la inclusión o no de los materiales disponibles fueron dos: la calidad textual –del diseño y la impresión- y la calidad de los contenidos, que se evaluó a partir de la presencia de enfoques diversos en el abordaje de los temas, la actualidad de los datos presentados y las temáticas tratadas, el grado de correspondencia con los CBC, y la ausencia de visiones o expresiones discriminatorias. Este catálogo, dado a conocer a través de la página Web del gobierno y en soporte de papel, constituyó el listado sobre la base del cual las escuelas realizaron su propia selección.

A cada escuela del programa se le asignó una determinada cantidad de créditos[3] -según su matrícula- para destinar a la compra de los libros, debiendo distribuirlos en función de las necesidades y prioridades pedagógicas de cada una, pero respetando ciertos parámetros establecidos por la cartera educativa. Por un lado, en función de garantizar la diversidad de los materiales seleccionados, se establecieron una serie de criterios para la utilización de los créditos. Los mismos debían distribuirse en tres rubros, a cada uno de los cuales sólo podía asignarse un determinado porcentaje del total consignado a la institución. Así, para los libros de consulta podía destinarse un mínimo del 25% de los créditos y un máximo del 35%, para los libros de literatura un mínimo del 15% y un máximo del 35%, y para el rubro de libros de texto podían utilizarse ente el 30% y el 50%. Por otro lado, se buscó prevenir la concentración de las compras en pocas editoriales, determinando un porcentaje máximo de créditos –20%- que cada escuela podía destinar a la adquisición de títulos pertenecientes a una misma editorial.

A su vez, se organizaron ferias para que las escuelas pudieran tomar contacto directo con los materiales y realizar una selección informada, requiriéndose la participación obligatoria de por lo menos dos representantes (un miembro del personal directivo o docente y un miembro de la cooperadora o de los padres en general) de cada institución. Asimismo, el encuentro contó con la participación de supervisores y profesores de los IFD, cuya tarea consistió en orientar y acompañar las elecciones de las escuelas. Los pedidos por escuela se efectuaron en esta misma instancia, a través de un software especialmente diseñado para la ocasión y operado por personal de Ministerio de Educación que iba guiando la carga de los títulos solicitados y verificando que la misma se efectuar en las proporciones permitidas y bajo los parámetros establecidos, de manera que luego no se presentaran errores en la base de datos sobre la cual se emitía la orden de compra para las editoriales. Según los portavoces del programa, esta experiencia implicó la realización de un trabajo colectivo sumamente enriquecedor para la comunidad educativa de cada institución.

La distribución de los libros a las escuelas se canalizó a través de 40 librerías que participaron del proyecto y que, mediante un acuerdo logrado con las 50 editoriales involucradas en la provisión, recibieron como pago el 10% del monto de la compra. Las editoriales enviaban los libros a las librerías y éstas, una vez reunido el material para cada escuela, efectuaban la entrega. Las escuelas recibieron los libros a los 45 días de realizado el pedido.

Es interesante destacar que la política incluyó acciones de monitoreo y capacitación para acompañar la llegada, gestión y uso de los libros en las escuelas. En el portal del Ministerio de Educación de la provincia se encontraba disponible la página Web del proyecto, que permitía hacer un seguimiento público de la implementación del proyecto a partir de un listado detallado de las escuelas beneficiarias, de la cantidad de créditos asignados a cada una, del catálogo de libros disponibles, y de los instructivos de los procedimientos de selección, compra y distribución utilizados. Asimismo, se realizaron dos encuestas con el propósito de verificar la llegada y disponibilidad de los materiales en las escuelas y para indagar sobre las prácticas docentes en relación al uso que se hace de los mismos dentro del aula. Por otra parte, se pusieron en marcha dos tipos de capacitaciones: jornadas de capacitación para directores orientadas a destacar la importancia del libro y brindar recomendaciones para su uso, que fueron complementadas con capacitaciones virtuales para los docentes, a través de la página Web del Ministerio de Educación de la provincia.

 


[1] El “Proyecto de la autonomía escolar” formaba parte de un Programa más amplio de “Apoyo a la modernización de la provincia de Córdoba”, y constaba de tres líneas de acción: (1) provisión de libros de texto, manuales, de literatura, atlas y enciclopedias; (2) provisión de útiles y materiales didácticos; (3) provisión de equipamiento y tecnología.

[2] Según Irene Kit, “como era la primera vez [que se realizaba una experiencia de este tipo], se establecieron restricciones a la cantidad de títulos que las editoriales podían presentar al catálogo. Si se armaba un catálogo con todos los libros, se hubiera llegado a los 200 mil títulos. En cambio, se formó un catálogo de 5 mil títulos, porque había que poner a prueba el procedimiento, y no se llegaba a instalar toda la metodología en las escuelas si el universo de selección era tan grande”. No obstante, el objetivo es aumentar progresivamente, en compras sucesivas, la cantidad de títulos que componen el catálogo, hasta llegar a su duplicación (10 mil títulos).

[3] El valor de cada crédito equivalía a $1.

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